Por: Miguel Angel Trujillo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda clave contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano, acusados de usar sus plataformas oficiales para promover agendas gubernamentales en 2025.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido para estudio una demanda significativa que pone bajo escrutinio a dos importantes entidades del Estado colombiano en el año 2025. Se trata del Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano, acusados de presuntamente haber empleado sus plataformas digitales institucionales con fines de promoción política del Gobierno Nacional. Esta acción legal, interpuesta por la Fundación FedeColombia, resalta la creciente preocupación por la objetividad de las comunicaciones estatales.

La Fundación FedeColombia argumenta que ambas entidades replicaron en sus redes sociales diversos pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, generando controversia. Entre los temas señalados figuran declaraciones sobre la descertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y supuestas irregularidades en la Nueva EPS, transformando las cuentas oficiales en canales de difusión política. Frente a la polémica, el presidente Petro sentenció: “Mi Educación es Gobierno y el Servicio Geológico es Ejecutivo, y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia”.

La demanda detalla cómo estas publicaciones, al replicar mensajes específicos del primer mandatario, habrían traspasado la línea de la comunicación institucional para incursionar en la esfera de la propaganda política. La acción legal se fundamenta en lo dispuesto por el Estatuto Anticorrupción, que explícitamente prohíbe el uso indebido de la publicidad oficial. Este estatuto busca salvaguardar la neutralidad del Estado, impidiendo que los recursos públicos y las plataformas institucionales sean instrumentalizados para fines partidistas.

La admisión de esta demanda marca un precedente importante en la defensa de la imparcialidad de las instituciones públicas. De comprobarse el uso indebido, se sentaría un fuerte mensaje sobre la responsabilidad de los funcionarios en la gestión de la comunicación estatal, que debe ser siempre al servicio del ciudadano y no de la agenda gubernamental de turno. La decisión del Tribunal de Cundinamarca será crucial para definir los límites entre la información oficial y la promoción política, fortaleciendo la confianza en las entidades del Estado.