Por: Katherine Cruz

La Universidad Nacional, sede Bogotá, vivió tensión el viernes. Su rector, Leopoldo Múnera, denunció que el ministro de Educación ingresó al campus pese a una orden de desalojo por amenaza de seguridad, calificándolo de “desconocimiento de autonomía universitaria”.

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, activó sus protocolos de emergencia el pasado viernes 10 de octubre de 2025, tras recibir una seria amenaza a la seguridad del campus. Mediante el Comunicado Conjunto N. 05, emitido por la Rectoría y la Vicerrectoría, se ordenó el desalojo total y la suspensión temporal de actividades presenciales. Esta drástica medida preventiva buscaba salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria frente a un riesgo explícito difundido en redes sociales. La alerta generó una inmediata respuesta institucional para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.

El rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, no tardó en manifestar su profunda preocupación y rechazo ante un incidente que escaló la tensión. Múnera denunció públicamente que, pese a la orden de desalojo, el ministro de Educación ingresó al campus ese mismo viernes, desatando una controversia institucional. Calificó el acto como "un hecho inaceptable que desconoce la autonomía universitaria", señalando una grave intromisión en las decisiones soberanas de la institución. La comunidad académica se mantuvo a la expectativa de las implicaciones de esta confrontación.

La crisis del 10 de octubre se vinculó a un acto cultural autorizado previamente para el 1 de octubre, derivado de una movilización estudiantil. La universidad defendió la legalidad de este evento inicial, asegurando que contaba con los permisos necesarios para su realización. Sin embargo, al conocerse la amenaza específica que motivó el desalojo, la administración comunicó a los organizadores la necesidad de suspender o modificar el evento. Esta acción buscaba priorizar la seguridad institucional sobre cualquier otra consideración, actuando con diligencia ante un riesgo potencial.

En suma, la situación resalta la complejidad de gestionar la seguridad en un campus universitario, especialmente en un contexto de activismo estudiantil. El Comunicado Conjunto N. 05 subrayó que la medida de desalojo fue estrictamente preventiva y coordinada con diversas entidades públicas. La Secretaría de Gobierno, la de Seguridad y la Defensoría del Pueblo fueron notificadas para verificar el riesgo. Este episodio pone de manifiesto la delicada línea entre la autonomía universitaria y la intervención gubernamental, un debate que ahora se profundiza ante la mirada de la opinión pública. La universidad aguarda los resultados de las investigaciones para confirmar la naturaleza y veracidad de la amenaza inicial.