Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El 8 de mayo de 2025, el senador Iván Name y el representante Andrés Calle fueron detenidos en la cárcel La Picota, implicados en un grave escándalo de corrupción vinculado a la UNGRD.

El arresto de ambos congresistas se produjo tras una investigación exhaustiva que los señala como partícipes en una red de corrupción diseñada para comprar apoyos políticos en el Congreso, favoreciendo intereses gubernamentales. Este caso ha conmocionado a la opinión pública y pone en tela de juicio la integridad de nuestras instituciones democráticas.

La captura se llevó a cabo sin incidentes en las instalaciones de La Picota, donde Iván Name y Andrés Calle fueron trasladados tras la orden de un juez. Según fuentes judiciales, los cargos incluyen fraude, cohecho y participación en organización criminal. Sneyder Pinilla, testigo clave en la investigación, ha declarado que ambos congresistas eran figuras centrales en la trama de corrupción.

La operación que condujo a estas detenciones fue el resultado de meses de seguimientos y recolección de pruebas. Según investigadores, la red corrupta tenía como objetivo asegurar la aprobación de proyectos que beneficiarían a sectores específicos, a cambio de sobornos y favores políticos. Este escándalo surge en un momento crítico para el país, que busca fortalecer sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Este caso no solo revela la profundidad de los problemas de corrupción en el país, sino que también pone de relieve la urgencia de reformas políticas y legales. La captura de estos congresistas debe ser un punto de inflexión para reevaluar y fortalecer nuestras instituciones, asegurando que sirvan al interés público y no a agendas ocultas. La sociedad colombiana espera que este sea el inicio de un cambio significativo en la lucha contra la corrupción.