Por: karol Yulieth Lopéz león

El presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria a una consulta popular por decreto, desafiando la decisión del Senado y desatando una profunda crisis política en Colombia. La medida ha sido ampliamente rechazada.

El martes 3 de junio, el presidente Petro sorprendió al país al anunciar su intención de convocar una consulta popular vía decreto, a pesar del rechazo del Senado el 14 de mayo. Esta decisión ha generado un fuerte debate sobre la legalidad y la legitimidad del poder presidencial. La oposición la califica como un atentado contra la democracia.

La decisión presidencial se originó tras el rechazo en el Senado de la consulta popular que buscaba que la ciudadanía se pronunciara sobre temas sociales como la reforma laboral. La votación en el Senado fue de 49 votos en contra y 47 a favor, un resultado que Petro decidió ignorar. El anuncio presidencial generó inmediata controversia.

La representante Katherine Miranda, exaliada del presidente, condenó la acción calificándola de autoritaria y antidemocrática. "El presidente está usurpando funciones del Congreso, esto es un claro golpe a la institucionalidad", declaró Miranda. Otros ocho partidos políticos se unieron a la condena, calificando la decisión como un "golpe de Estado". La Corte Constitucional se pronunció aclarando que no ha emitido concepto alguno que avale la iniciativa presidencial.

La decisión de Petro refleja una creciente tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, exacerbando la polarización política. Su justificación, basada en la soberanía popular, se enfrenta al marco constitucional que establece un claro procedimiento para la convocatoria de consultas populares. Las consecuencias a corto y largo plazo son inciertas, pero la crisis institucional generada es innegable, amenazando la estabilidad democrática del país. El futuro de esta iniciativa y las reacciones de la ciudadanía marcarán un rumbo crucial en el gobierno de Petro.