Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Ciudadano colombiano recibe dura pena en Rusia por combatir en Ucrania. Su participación en la ofensiva militar en Kursk le costó una larga condena.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sigue dejando secuelas, incluso más allá de los combates en el frente. Un nuevo caso, el del colombiano Pablo Puentes Borges, pone en evidencia las complejidades legales y el riesgo que corren los combatientes extranjeros. Puentes Borges, capturado el 9 de enero de 2025 en la región de Kursk, Rusia, fue sentenciado el pasado 10 de junio a 28 años de prisión por el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).


La condena se basa en múltiples cargos, entre ellos mercenarismo, cruce ilegal de frontera, contrabando de armas, acciones terroristas y tenencia ilegal de armas. Según la investigación del CIR, Puentes Borges formaba parte de la 47 Brigada Mecanizada del ejército ucraniano y cruzó la frontera ilegalmente a bordo de un vehículo blindado. Otros ciudadanos colombianos, José Aaron Medina Aranda y Alexander Ante, también fueron acusados de mercenarismo en relación con estos hechos, aunque sus casos aún no han sido resueltos. No hay declaraciones públicas de los acusados ni de sus representantes legales disponibles hasta la fecha.


El caso se desarrolló tras la captura de Puentes Borges durante una operación militar en Kursk. La Fiscalía Rusa presentó una gran cantidad de evidencias, incluyendo fotografías, videos, y testimonios de otros combatientes, para fundamentar su acusación. El proceso judicial se caracterizó por su rapidez y contundencia, reflejando la postura inquebrantable del gobierno ruso frente a la participación de extranjeros en el conflicto. No se logró el acceso a abogados de defensa en este caso por la celeridad del proceso.


La condena de Puentes Borges refleja la severa respuesta de Rusia a la participación de mercenarios extranjeros en la guerra. Esta decisión genera un precedente preocupante para otros colombianos que podrían estar involucrados en el conflicto y plantea interrogantes sobre la protección consular de los ciudadanos colombianos en zonas de guerra. Además, este caso subraya la dificultad de navegar el complejo marco legal en un escenario de guerra, donde la situación de los combatientes extranjeros es ambigua y con frecuencia vulnerable ante el sistema judicial del país donde son capturados. La condena de 28 años destaca la rigurosidad de las leyes rusas y el peligro que corren los extranjeros que participen en el conflicto.