Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Congresistas de la oposición en Colombia presentaron una moción de censura contra altos funcionarios del Gobierno, acusados de presionar a una exministra.

El jueves 22 de mayo de 2025 marcara un momento crucial en el Congreso de la República de Colombia, cuando representantes de la oposición radicaron una moción de censura en la Cámara de Representantes. La moción apunta directamente contra el Ministro del Interior, Armando Benedetti, y la Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, acusados de ejercer presiones indebidas que habrían precipitado la renuncia de la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

Los protagonistas de este debate son figuras clave en la política colombiana. Armando Benedetti y Angie Rodríguez, ambos señalados por las acusaciones, enfrentan serias cuestiones sobre su conducta en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, Ángela María Buitrago, quien denunció las presiones, se ha convertido en un símbolo de resistencia ante prácticas cuestionables. José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara y uno de los citantes del debate, ha sido vocal en exigir transparencia y rapidez en el agendamiento del debate.

El contexto de la moción se remonta al 19 de marzo de 2025, cuando se presentó una moción previa contra Benedetti que aún no ha sido programada para debate. Esta situación ha generado críticas hacia el Presidente de la Cámara de Representantes por la demora en la gestión de los procedimientos legislativos, lo que ha intensificado el clima de tensión entre el gobierno y la oposición.

Este nuevo episodio de moción de censura refleja un creciente descontento con ciertas prácticas gubernamentales y pone en relieve la importancia de la responsabilidad política y la transparencia en la administración pública. La Cámara de Representantes se enfrenta a la tarea de actuar con prontitud para resolver este conflicto, garantizando así el adecuado ejercicio del control político y la integridad institucional. Este caso podría tener profundas implicaciones para la estabilidad política del país y la confianza en sus instituciones democráticas.