Por: Miguel Angel Trujillo

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha emitido órdenes de captura contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle Calle por presuntas irregularidades en la UNGRD.

La decisión se tomó el 7 de mayo, cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encontró suficientes indicios para proceder legalmente contra Iván Name y Andrés Calle Calle, ambos con cargos de alta relevancia en el Congreso colombiano. Las investigaciones apuntan a un posible manejo indebido de fondos y cohecho en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los exfuncionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, han colaborado con la justicia, revelando detalles que implican a los congresistas en la recepción de grandes sumas de dinero. Según la investigación, estos fondos podrían haber sido utilizados para influir en decisiones legislativas a favor de ciertas reformas gubernamentales. Iván Name habría recibido aproximadamente 3.000 millones de pesos, mientras que Andrés Calle habría obtenido cerca de 1.000 millones.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de vigilancia y lucha contra la corrupción en Colombia, donde la transparencia en la gestión de recursos públicos y la integridad de los funcionarios son de vital importancia. La captura de estos congresistas podría tener repercusiones significativas en la política nacional, especialmente en lo que respecta a la confianza de la ciudadanía en sus representantes.

El proceso judicial sigue en curso, y las autoridades competentes continúan recabando información y llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer completamente los hechos. Este episodio reafirma el compromiso de las instituciones colombianas con la justicia y el estado de derecho, subrayando la importancia de la supervisión y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.