Por: Miguel Angel Trujillo

Washington y Bogotá han elevado la tensión diplomática al llamar a consultas a sus respectivos embajadores. La medida, tomada este jueves, responde a un nuevo conflicto por deportaciones.

El jueves 3 de julio, la relación entre Colombia y Estados Unidos se tensó considerablemente. Ambos países decidieron llamar a consultas a sus máximos representantes diplomáticos, escalando una disputa originada en las controversias por deportaciones de ciudadanos colombianos.


La crisis se desató tras declaraciones del gobierno Petro consideradas “infundadas y reprochables” por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien anunció la llamada a consultas del encargado de negocios en Bogotá, John T. McNamara. Esta acción se enmarca en una serie de desacuerdos entre ambos países. La decisión de Washington se fundamenta en la percepción de una falta de colaboración por parte del gobierno colombiano.


En respuesta, el presidente Gustavo Petro, a través de un comunicado escrito personalmente, ordenó el regreso a Colombia del embajador Daniel García-Peña. Petro justificó su decisión señalando la necesidad de revisar la cooperación energética, migratoria y la lucha contra el narcotráfico. El tono del comunicado presidencial fue directo y firme, reflejando la seriedad de la situación.


La disputa revivió la crisis de enero, marcada por el bloqueo de vuelos con deportados. A pesar de un acuerdo previo, las diferencias persisten, y la llamada a consultas de los embajadores refleja la fragilidad de la relación bilateral. El futuro de la cooperación entre ambos países dependerá de la capacidad de diálogo y la voluntad política para resolver las controversias pendientes. Expertos advierten sobre posibles consecuencias negativas para la cooperación en áreas clave, si no se encuentra una solución rápida y efectiva. La Cancillería colombiana, aunque liderada por Laura Sarabia en medio de su renuncia, mantiene el diálogo con el gobierno estadounidense, buscando un camino hacia la distensión.