Por: Katherine Cruz

Cayeron cuatro presuntos estafadores que se hacían pasar por otras personas para robar prestaciones sociales por 42 millones de pesos. La operación conjunta de Fiscalía y Policía desbarató la peligrosa red.

Un golpe contundente contra la delincuencia común se dio en Bogotá con la desarticulación de una banda criminal dedicada a la suplantación de identidad para el robo de prestaciones sociales. Desde julio de 2023, este grupo, conocido como "Fake Face", operaba con total impunidad, apropiándose de recursos destinados a ciudadanos vulnerables. La investigación, minuciosa y prolongada, culminó con la captura de cuatro de sus miembros.

La operación, llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se centró en la identificación y seguimiento de los integrantes de esta banda. Jhoiner Navas Márquez, Geovanny Zárate Cárdenas, Miguel Andrés Casseres Zárate y el cabecilla Héctor Fabián Betancourt Reyes fueron aprehendidos en la capital del país. Aunque los detenidos no aceptaron los cargos imputados, un juez de garantías les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La modalidad de estafa era sofisticada. Los miembros de "Fake Face" falsificaban documentos de identidad, certificados laborales y extractos bancarios para hacerse pasar por los beneficiarios de las prestaciones. De esta manera, lograban acceder a los fondos, generando un grave perjuicio económico a las víctimas y al sistema de seguridad social. La investigación continúa para determinar la participación de otros individuos y el alcance total del fraude.


La captura de estos individuos representa un importante avance en la lucha contra la delincuencia organizada en la región. Sin embargo, este caso también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguridad para prevenir este tipo de delitos. La facilidad con la que se falsificaron documentos e información bancaria subraya la fragilidad del sistema frente a la delincuencia sofisticada y la importancia de una mayor inversión en tecnología y capacitación para su protección. La falta de protección adecuada en las bases de datos personales es un factor crucial a abordar para evitar futuros fraudes.