Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El Procurador General, Gregorio Eljach, declaró en Cartagena que el hundimiento de la consulta popular del gobierno Petro fue legal. El pronunciamiento genera tensión política.

Durante la Convención 59 de Asobancaria en Cartagena, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre el fin de la consulta popular impulsada por el gobierno. Su declaración marcó un punto de inflexión en la controversia. Este pronunciamiento ha generado fuertes reacciones.


El hecho ocurrió en el marco de la prestigiosa convención Asobancaria, un encuentro anual de líderes del sector financiero, político y jurídico colombiano. El anuncio de Eljach se dio ante una audiencia de alto nivel, generando un inmediato impacto mediático y político en el país. El escenario de la convención añadió relevancia al anuncio.


El procurador Eljach afirmó categóricamente que el Senado rechazó la consulta popular de manera legal y formal, descartando cualquier irregularidad en el proceso. "El trámite se ajustó a la normatividad vigente", declaró Eljach, cerrando así la puerta a posibles acciones legales para revivir la consulta. El gobierno Petro, por su parte, ha mantenido una postura contraria, insinuando la posibilidad de utilizar un decreto para impulsar la consulta.


El Senado, como instancia que rechazó la iniciativa, queda exento de responsabilidad jurídica según el pronunciamiento de Eljach. La Corte Constitucional podría revisar la situación, aunque se estima que su decisión podría ser favorable al gobierno. Este evento expone las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, afectando la gobernabilidad y el equilibrio democrático. Las consecuencias políticas de este choque institucional podrían ser profundas y de largo alcance, afectando la agenda legislativa y la confianza ciudadana en las instituciones.