Por: Miguel Angel Trujillo

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, rechaza los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos imputados por la Fiscalía colombiana.

El escándalo de corrupción que sacude a Colombia ha tomado un nuevo giro con la reciente audiencia del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. Durante la sesión virtual, la Fiscalía General de la Nación le imputó graves cargos relacionados con la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

González enfrenta acusaciones específicas de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. En su defensa, el exfuncionario fue contundente: “No acepto los cargos, ya que todas son calumnias sin fundamento”. Esta declaración se produce en un contexto donde su nombre ha sido vinculado a supuestas irregularidades en la asignación de recursos para emergencias nacionales.

Según la investigación, se alega que González instruyó a los congresistas Iván Name y Andrés Calle para apoyar ciertas reformas del Gobierno a cambio de beneficios indebidos. Estos señalamientos se basan en testimonios de exmiembros de la UNGRD, quienes han contribuido a la evidencia presentada tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Justicia.

El caso no solo ha causado una conmoción política, llevando a la suspensión de varios miembros del Partido Verde, sino que también ha desencadenado una serie de procedimientos legales que han permitido la recuperación de significativos fondos públicos. La próxima audiencia, fijada para el 6 de junio, determinará las medidas de aseguramiento contra González, marcando un momento crucial en este caso de alta relevancia nacional.