Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Tras 18 días de secuestro, la familia de Lyan José Hortúa, de 11 años, pagó el rescate recomendado por funcionarios del Estado para su liberación, ante la inacción gubernamental.

El 4 de mayo, Lyan fue secuestrado por individuos que, según informes, pertenecen a disidencias de las FARC. La familia, desesperada ante la falta de avances por parte de las autoridades, recibió la sugerencia de funcionarios estatales de negociar directamente con los captores. "Nos sentimos abandonados por el gobierno", declaró el tío de Lyan, quien también es médico y jugó un papel crucial en la negociación.

Una prima de Lyan, mostrando gran valentía, logró establecer contacto con los secuestradores y finalizar el acuerdo para la liberación del niño. "No somos delincuentes, somos una familia trabajadora", expresó el tío de Lyan, denunciando la enorme deuda en que incurrieron para pagar el rescate.

El niño fue entregado en una zona rural a campesinos locales, quienes a su vez lo trasladaron a la Defensoría del Pueblo. Durante este tiempo, la familia criticó duramente la falta de apoyo y la indiferencia del presidente Petro, quien solo reaccionó públicamente 18 días después del secuestro.

Este incidente plantea serias preguntas sobre la eficacia de las políticas de seguridad del Estado y la protección de los ciudadanos, especialmente los niños, en regiones afectadas por conflictos armados. La familia de Lyan, aunque aliviada por su retorno, queda marcada por una experiencia que subraya la necesidad de un enfoque más robusto y empático hacia las víctimas de secuestro.