Por: Miguel Angel Trujillo

Amenazas a la jueza Sandra Heredia tras la condena a Álvaro Uribe por corrupción obligan al Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano a solicitar medidas cautelares a la CIDH. La seguridad de la jueza y su familia está en riesgo.

En un hecho que ha conmocionado al país, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión, se encuentra bajo amenaza. Ante esta situación, el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la implementación de medidas cautelares para protegerla. La decisión de Fasol refleja la preocupación por la creciente ola de intimidaciones contra operadores de justicia en Colombia.


La jueza Heredia, del juzgado 44 Penal de Bogotá, emitió la sentencia contra Uribe el 1 de agosto de 2025 por fraude procesal y soborno. Esta decisión, que generó un intenso debate político, ha desencadenado una serie de ataques contra la jueza, incluyendo declaraciones públicas del propio Uribe y sus allegados, quienes han cuestionado la imparcialidad del fallo. Un representante de un gobierno extranjero, incluso, la calificó como "una jueza radical". Fasol ha documentado estos ataques como parte de su solicitud a la CIDH.

Las amenazas contra la jueza se han materializado en una campaña de desprestigio a través de redes sociales y medios de comunicación, junto a intimidaciones directas que ponen en riesgo su seguridad y la de su familia. La gravedad de estas amenazas ha obligado a Fasol a buscar la protección internacional, esperando que la CIDH responda de manera oportuna. El proceso legal, ya de por sí complejo y delicado, ahora se encuentra opacado por la amenaza a la integridad física de la jueza.

El caso de la jueza Heredia refleja la vulnerabilidad de los operadores de justicia en Colombia, quienes a menudo se enfrentan a presiones y amenazas por sus decisiones. La falta de protección adecuada puede generar un efecto chilling, disuadiendo a otros jueces de tomar decisiones independientes y justas, y debilitando la confianza en el sistema judicial. De no ser atendida, esta solicitud a la CIDH podría tener consecuencias graves para el estado de derecho en el país. La respuesta de la CIDH se espera con gran expectativa.