Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Fiscalía General de la Nación descubre posibles inconsistencias en los documentos de Laura Sarabia, actual canciller de Colombia, durante una inspección en la Casa de Nariño.

El 12 de mayo de 2025, en un procedimiento rutinario de verificación de credenciales de los altos cargos del gobierno colombiano, la Fiscalía General de la Nación encontró discrepancias preocupantes en la hoja de vida de Laura Sarabia, quien recientemente asumió el cargo de canciller. Según los registros, Sarabia afirmó haber sido "jefe de Gabinete" entre agosto de 2022 y junio de 2023, un título que, de acuerdo con el decreto 2647 firmado por Mauricio Lizcano, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fue reemplazado por "jefatura de Despacho Presidencial" desde diciembre de 2022.

Además de esta posible irregularidad administrativa, Sarabia está siendo investigada por la Fiscalía por delitos más graves, incluyendo concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Estas acusaciones añaden una capa de gravedad a la situación, poniendo en duda la transparencia de su nombramiento.

El Departamento Administrativo de la Presidencia fue el primero en notar la discrepancia en la hoja de vida de Sarabia, lo que llevó a una revisión más detallada de sus antecedentes y documentos presentados para su nombramiento. Este hallazgo podría tener implicaciones legales y administrativas significativas, no solo para Sarabia sino también para la validez de los actos administrativos firmados bajo su supuesto cargo anterior.

Este caso subraya la importancia de la precisión y la rigurosidad en la documentación oficial, especialmente en los niveles más altos de gobierno. La integridad de los procesos de nombramiento es crucial para la confianza pública en las instituciones estatales. La investigación en curso no solo busca esclarecer la legalidad de la designación de Sarabia, sino también reafirmar el compromiso del estado con la transparencia y la justicia administrativa. La resolución de este caso será determinante para la legitimidad de las operaciones futuras en la Casa de Nariño y podría influir en cómo se manejan las designaciones públicas en el futuro.