Por: Miguel Angel Trujillo

Brutal agresión a una menor indígena emberá en Pueblo Rico conmociona a la región. ICBF y la Gobernación actúan para proteger a la víctima y llevar a los responsables ante la justicia.

El pasado 30 de mayo, un video que circula en redes sociales reveló el brutal maltrato físico sufrido por una niña emberá de 17 años en la comunidad de Gito Dokabu, Pueblo Rico, Risaralda. Este hecho ha generado una ola de indignación y rechazo en la región, movilizando a las autoridades a actuar con celeridad.


El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó la atención inmediata brindada a la menor, incluyendo acompañamiento psicosocial y la activación de un proceso administrativo para restablecer sus derechos. La joven se encuentra bajo una medida de protección para garantizar su seguridad e integridad física y emocional. Se cuenta con la colaboración de un intérprete para facilitar la comunicación y el proceso de atención.


La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) condenó enérgicamente los hechos, calificándolos como una flagrante violación a los derechos humanos de la menor. El video muestra a la joven atada y golpeada salvajemente por dos hombres hasta perder el conocimiento, una imagen que ha generado repudio generalizado. La CNMI ha exigido a las autoridades una investigación exhaustiva y el castigo ejemplar para los responsables. El gobernador Juan Diego Patiño anunció la presentación de una denuncia penal contra los agresores.


El lamentable suceso ocurrido en Gito Dokabu expone la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las mujeres y las niñas. Si bien se debe investigar si existen elementos culturales que se hayan tergiversado para justificar la violencia, ninguna práctica puede estar por encima de los derechos humanos fundamentales. Este caso debe servir como un llamado urgente para erradicar la violencia de género en todas sus formas y garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en las comunidades rurales de Risaralda. El ICBF y la CNMI reiteran su compromiso en la defensa de los derechos de la población indígena.