Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Guatemala solicitó la captura internacional del exministro colombiano Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo por presuntos delitos relacionados con el caso Odebrecht. Sin embargo, Interpol desestimó la solicitud, refrendando la inmunidad internacional de ambos funcionarios.

La justicia guatemalteca buscaba la extradición de Velásquez y Camargo, acusados de asociación ilícita, tráfico de influencias y otros cargos. Interpol, tras analizar la petición, decidió no emitir la circular roja. Esta decisión se basa en el amparo legal que ambos poseen.


La solicitud de captura se originó en una investigación guatemalteca del caso Odebrecht, un escándalo de corrupción de gran magnitud en Latinoamérica. La Fiscalía de Guatemala argumentó la participación de Velásquez y Camargo en presuntos actos ilícitos durante su desempeño en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las acusaciones se centran en supuestas acciones para obstruir la justicia y favorecer intereses particulares.

El director de La W Radio, Julio Sánchez Cristo, confirmó la decisión de Interpol, declarando que “el jefe de Interpol confirma que no hay ni habrá circular roja contra los colombianos”. Esta afirmación subraya la contundencia del rechazo de la organización internacional a la petición guatemalteca. Tanto Velásquez como Camargo han mantenido su inocencia frente a las acusaciones.

La solicitud de Guatemala se enmarcó dentro de una investigación compleja y con fuertes connotaciones políticas. La decisión de Interpol, sustentada en la inmunidad internacional derivada del acuerdo de creación de la CICIG, pone de manifiesto la fragilidad jurídica de la acusación guatemalteca. Esta situación podría generar tensiones diplomáticas entre Colombia y Guatemala, pero a su vez, refuerza la importancia de los acuerdos internacionales y las garantías legales para funcionarios internacionales.

El rechazo de Interpol representa un revés significativo para la Fiscalía guatemalteca y podría cuestionar la solidez de su investigación. El gobierno colombiano, que ya había expresado su rechazo a la solicitud, celebrará la decisión, aunque el caso podría continuar con implicaciones a nivel político.