Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El General (r) Juan Miguel Huertas enfrenta un renovado escrutinio judicial ante la JEP por su presunta relación con un caso de falsos positivos en Antioquia, originado durante su servicio como capitán del Ejército.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mantiene activa una investigación contra el General (r) Juan Miguel Huertas por su posible implicación en un caso de "falsos positivos" en el departamento de Antioquia. Este delicado expediente se remonta a la época en que el alto oficial se desempeñaba como capitán del Ejército Nacional, un periodo de intensa confrontación en la región. El proceso busca esclarecer el grado de responsabilidad en hechos que marcaron profundamente a la comunidad local.

La JEP ha vinculado al General Huertas al 'Caso 03', que indaga sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Específicamente, se le investiga por su rol como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N°4 entre 2002 y 2013, y en particular, por los hechos vinculados al entonces coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez en el año 2003. Su posición en aquel momento lo pone bajo el foco de las autoridades judiciales.

El caso actual se encuentra en manos de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, luego de que el Ministerio de Defensa solicitara en junio de 2023 una actualización sobre su situación legal y posibles órdenes de captura. La investigación busca determinar la cadena de mando y las decisiones tomadas durante los años en los que ocurrieron los "falsos positivos". El contexto de la época, caracterizado por la presión operativa, es crucial para entender el desarrollo de estos lamentables sucesos.

Si bien la justicia ya lo había declarado como "no máximo responsable" en el caso de "falsos positivos", la autoridad judicial debe ahora resolver si el general Huertas tuvo algún grado de responsabilidad, activa o pasiva, en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el batallón bajo su mando. La resolución de este proceso podría derivar en un eventual proceso de renuncia de la persecución penal, consolidando un importante precedente en la justicia transicional del país.