Por: Katherine Cruz

El Peaje Laberinto inició operaciones el pasado 10 de octubre en la vía Hobo-Gigante, Huila, con tarifas diferenciadas temporales. La medida genera opiniones encontradas y una creciente preocupación por su futuro impacto económico en el comercio regional.

Desde el pasado viernes 10 de octubre de 2025, el Peaje Laberinto, situado en el kilómetro 55+000 del corredor vial que une a Hobo y Gigante en el Huila, entró oficialmente en funcionamiento. Este nuevo punto de recaudo ha comenzado a operar con un esquema tarifario que incluye descuentos temporales, generando un debate inmediato entre autoridades y la ciudadanía local. Las tarifas especiales para vehículos de las categorías I y II, fijadas inicialmente en $2.100, buscan mitigar el impacto inicial, aunque su naturaleza transitoria es una fuente de inquietud.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha manifestado su compromiso con el diálogo, revelando que se adelantan mesas de trabajo para estudiar una tarifa diferencial más amplia que beneficie a más municipios del departamento. Sin embargo, esta postura contrasta con la preocupación expresada por el sector productivo y comunitario. En medios locales, diversos gremios y habitantes han advertido que el eventual retiro progresivo de los descuentos podría encarecer significativamente los costos de transporte, afectando de forma directa el comercio intermunicipal y la economía de las zonas rurales, ya de por sí vulnerables.

Los descuentos temporales, presentados como un mecanismo de transición, serán eliminados de forma progresiva con el tiempo, lo que anticipa un incremento en el costo para los usuarios habituales. Ciudadanos y líderes comunitarios temen que esta medida impacte negativamente la competitividad de los productos locales y limite la movilidad de las comunidades con menores ingresos. El peaje podría convertirse en una barrera económica que dificulte el acceso a mercados y servicios esenciales para los residentes de la región.

La puesta en marcha del Peaje Laberinto representa un equilibrio delicado entre la necesidad de financiar el mantenimiento vial y el bienestar económico de los huilenses. Las discusiones entre la ANI, las autoridades municipales y los ciudadanos serán fundamentales para definir el modelo operativo a mediano plazo y los mecanismos de compensación que se adopten. El verdadero reto radica en lograr que la infraestructura beneficie a la región sin generar afectaciones económicas desproporcionadas para quienes transitan cotidianamente este corredor vital.