Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El presidente Petro anunció una consulta popular por decreto, acusando al Congreso de fraude. El alcalde Galán denunció un grave atentado contra la democracia colombiana.

El martes 3 de junio de 2025, Colombia se vio sacudida por la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto, pasando al Congreso de la República. Esta acción, justificada por el mandatario como una respuesta a un supuesto fraude en la votación legislativa previa, ha generado una ola de rechazo y preocupación en el país. La medida se ha interpretado como un desafío frontal al sistema democrático y a la separación de poderes.

El anuncio presidencial, transmitido en cadena nacional, fue inmediatamente contestado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien a través de su cuenta en X (antes Twitter) calificó la decisión como “un hecho gravísimo que amenaza el Estado de Derecho”. Galán expresó su profunda preocupación por el actuar del presidente, recordando la importancia del respeto a las instituciones democráticas. El exministro Álvaro Leyva, en una carta desde el exterior, también había expresado fuertes críticas al liderazgo presidencial, anticipando un posible escenario de este tipo.

La decisión de Petro ignora el proceso legislativo regular, donde el Congreso previamente había deliberado sobre la misma consulta popular. El presidente, al acusar al Congreso de "hacer trampa", ha generado un enfrentamiento institucional sin precedentes, exacerbando las tensiones políticas existentes en el país. Esta decisión se percibe como una concentración de poder en la figura del ejecutivo, debilitando las funciones del legislativo y socavando el principio fundamental del equilibrio de poderes.

El anuncio del presidente Petro representa una grave amenaza a la institucionalidad colombiana. El desconocimiento del Congreso y la invocación de un supuesto fraude sin pruebas contundentes son acciones que ponen en riesgo la estabilidad democrática del país. Las consecuencias de esta decisión podrían ser devastadoras, incluyendo una profunda crisis política y una escalada de tensiones sociales. La defensa de la Constitución y el apego al orden legal son cruciales para evitar un deterioro irreversible de las instituciones.