Por: karol Yulieth Lopéz león

Colombia impide el ingreso a su territorio a la Fiscal General guatemalteca, Consuelo Porras, en respuesta a órdenes de captura contra funcionarios colombianos. La decisión presidencial genera tensión regional.

El martes 3 de junio de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció la prohibición de entrada a Colombia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Esta drástica medida se tomó tras la emisión de órdenes de captura por parte de la Fiscalía guatemalteca contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez. La tensión entre ambos países escaló significativamente.


El presidente Petro, en un consejo de ministros televisado desde Bogotá, justificó su decisión alegando que Porras "denostó de gente honesta colombiana y se burló de la dignidad colombiana". La Canciller Laura Sarabia recibió la instrucción de formalizar la prohibición mediante un acto administrativo. Se especula sobre posibles vínculos de Porras con grupos mafiosos, acusación que el gobierno colombiano no ha precisado públicamente.


La orden de captura guatemalteca contra Camargo y Velásquez se enmarca en un contexto de larga lucha contra la corrupción en Guatemala. Velásquez, exjefe de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), ha sido un crítico de la gestión de Porras. Su designación como embajador ante el Vaticano fue vista como un gesto de respaldo por parte del gobierno colombiano. La fiscal guatemalteca ha sido previamente sancionada por organismos internacionales por obstaculizar la justicia.


Esta decisión de Petro genera un serio conflicto diplomático entre Colombia y Guatemala, con ramificaciones en el ámbito internacional dado el rol de Velásquez. Las acciones de Porras, cuestionadas por diversos organismos internacionales, y la respuesta firme de Petro reflejan la creciente polarización política en la región y la dificultad de combatir la corrupción en un contexto de fuertes presiones políticas. Las consecuencias de este enfrentamiento aún son inciertas, pero podrían afectar las relaciones bilaterales y la cooperación regional en la lucha contra la impunidad.