Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Reciente uso de un avión de la Policía Nacional para transportar influenciadores afines al Gobierno ha generado debate sobre la ética y legalidad del acto.

El hecho que ha suscitado controversia ocurrió cuando un grupo de influenciadores y periodistas afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro fue trasladado en un avión de la Policía Nacional desde Bogotá hasta Barranquilla. Este evento no solo captó la atención de los medios, sino que también desató una serie de críticas por parte de la opinión pública, quienes cuestionaron el uso de recursos del Estado en actividades que podrían tener connotaciones políticas.

Entre los protagonistas de esta historia se encuentra el general Rosemberg Novoa, director encargado de la Policía Nacional, quien defendió la acción ante la Comisión Segunda del Senado, argumentando que el traslado se amparaba bajo un convenio interadministrativo firmado con el Ministerio del Interior el 11 de febrero de 2025. Por su parte, los influenciadores y periodistas involucrados no han hecho declaraciones específicas sobre el incidente.

La Policía Nacional explicó que el convenio permite este tipo de traslados y está vigente hasta diciembre de 2025. Sin embargo, las imágenes del viaje y la percepción de un posible uso indebido de recursos del Estado han intensificado el debate público. La situación ha puesto en relieve la necesidad de revisar y posiblemente ajustar los protocolos y las políticas que rigen el uso de los recursos estatales para evitar malinterpretaciones o usos controvertidos.

Este caso ha reavivado el debate sobre la delgada línea entre lo legal y lo ético en el manejo de bienes públicos, especialmente en un contexto de alta polarización política como el que vive Colombia. La justificación legal del convenio no ha mitigado las críticas por el posible uso político de medios estatales, lo que subraya la importancia de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública. Este episodio refuerza la necesidad de un escrutinio constante por parte de la ciudadanía sobre cómo se utilizan sus recursos, más allá de la existencia de acuerdos formales que lo permitan.