Por: Gustavo Puentes

La Procuraduría General de la Nación apoya la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024, que prohíbe prácticas taurinas en Colombia, marcando un hito en la protección animal.

En un reciente concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación ha defendido la constitucionalidad de la Ley 2385 de 2024, que prohíbe la realización de corridas de toros, novilladas, rejoneo, becerradas y tientas en el territorio colombiano. Este respaldo se presenta como un esfuerzo por alinear las prácticas culturales del país con un enfoque más humanitario y ético hacia los animales.

La controversia surge a raíz de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los ciudadanos Christian Garcés y Jerónimo Antía, quienes argumentan que la ley infringe derechos fundamentales como el acceso a la cultura, la libertad de expresión, así como el derecho al trabajo y la propiedad privada. Estos demandantes representan a un sector de la población que ve en las corridas de toros una tradición cultural arraigada.

La Procuraduría, en su concepto, argumenta que la ley es un reflejo de una evolución en los valores sociales y culturales, reconociendo a los animales como seres sintientes que deben ser protegidos de prácticas que les causen sufrimiento innecesario. Este punto de vista es compartido por diversos sectores de la sociedad que abogan por el respeto hacia todas las formas de vida.

Este caso no solo pone en la balanza los derechos culturales y de expresión frente a los derechos de los animales, sino que también podría sentar un precedente importante en cuanto al tratamiento de las tradiciones que involucran animales en Colombia. La decisión final de la Corte Constitucional será crucial para definir el futuro de estas prácticas en el país, y podría influir en cómo se perciben y se regulan otras tradiciones similares en la región.