Por: Katherine Cruz

Un rector de internado rural en Cumaribo, Vichada, fue capturado y enviado a prisión por presuntas conductas inapropiadas contra seis estudiantes indígenas, cuatro de ellas menores, aprovechando su autoridad.

La tranquilidad de la comunidad en Cumaribo, Vichada, se vio gravemente alterada tras la captura de un rector de un internado rural. El educador es señalado como presunto responsable de graves conductas inapropiadas en contra de seis estudiantes, pertenecientes a una comunidad indígena. Entre las víctimas se cuentan cuatro menores de edad, lo que ha encendido las alarmas sobre la protección de la niñez en entornos vulnerables. La Fiscalía confirmó que los hechos habrían ocurrido entre 2024 y 2025 dentro de las instalaciones educativas.

La Fiscalía General de la Nación ha liderado la investigación de este delicado caso, que involucra a una figura de autoridad que habría quebrantado la confianza depositada. Las estudiantes, miembros de una comunidad indígena, gozan de especial protección constitucional debido a su origen y edad. Las denuncias fueron atendidas con un riguroso enfoque diferencial, crucial dada la pertenencia étnica de las jóvenes. Este abordaje busca garantizar la justicia y reparación adecuada para las víctimas.

Según los hallazgos preliminares, el señalado rector se habría aprovechado de su posición de liderazgo y poder dentro del internado. Presuntamente ejerció control sobre las estudiantes y sus familias, valiéndose además de amenazas para evitar cualquier denuncia. El hombre habría aludido a supuestos contactos con actores armados ilegales como mecanismo de intimidación. Estas graves revelaciones apuntan a un patrón de abuso de poder y vulneración de derechos en un entorno aislado.

Como resultado de la rápida acción de las autoridades, el hombre fue capturado por el CTI en Puerto Carreño y presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de agresión agravada y comportamiento indebido con menores. A pesar de que el procesado no aceptó los cargos, el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta decisión busca proteger la integridad de las víctimas y garantizar el correcto desarrollo del proceso judicial que apenas comienza.