Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Una alerta ciudadana destapó una red de trata de personas en un bar de Bosa, Bogotá. Mujeres, mayoritariamente venezolanas, eran explotadas sexual y laboralmente bajo engaño y coacción por una falsa deuda.

La Policía Metropolitana de Bogotá recibió una crucial alerta ciudadana que denunciaba posibles actividades de explotación sexual en un bar de la localidad de Bosa. Uniformados de la Sijín e Infancia y Adolescencia iniciaron la verificación del lugar, recogiendo los primeros indicios de irregularidades. Esta primera inspección, que reveló señales de explotación, escaló a una investigación de varios meses con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad. Así se desveló una intrincada red de trata de personas operando en un establecimiento de la capital.

Desde las primeras inspecciones, Fiscalía, Policía Judicial y la Secretaría de Seguridad detectaron claras señales de explotación. Varias mujeres vivían hacinadas dentro del local, bajo constante vigilancia y con acceso restringido al exterior, presentando severas fallas de salubridad. Su temor y nerviosismo al hablar con los funcionarios, sumado a la ausencia de documentos de identidad –los cuales estaban en manos de los administradores–, encendieron las alarmas. Incluso, algunas víctimas presentaban características que sugerían la posibilidad de ser menores de edad.

La investigación permitió establecer que la mayoría de las víctimas eran migrantes venezolanas, atraídas con la promesa de un empleo formal como meseras en Bogotá. Al llegar, eran trasladadas a una vivienda en el barrio San Bernardino y luego al bar, donde se les imponía una supuesta "deuda" por gastos de transporte y documentación. Esta deuda, que nunca disminuía, se convertía en un cruel mecanismo de control, justificando su encierro y privación de libertad, impidiendo cualquier intento de escape o denuncia. Las condiciones de vida eran infrahumanas: hacinamiento, alimentación deficiente y nulas medidas de higiene, perpetuando su vulnerabilidad y dependencia.

Tras aproximadamente ocho meses de seguimiento, las autoridades ejecutaron un operativo en el establecimiento, culminando con la captura de los responsables. Estos fueron imputados por trata de personas, inducción a la prostitución y tortura, enfrentando así la justicia por sus graves delitos. Las mujeres rescatadas recibieron atención inmediata en el programa distrital, incluyendo asistencia médica, apoyo psicológico, alojamiento temporal y acompañamiento judicial, ingresando luego a un proceso de restablecimiento de derechos. En lo corrido de 2025, la articulación interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad, Policía y Fiscalía ha desarticulado cuatro organizaciones criminales y rescatado a más de diez víctimas de la trata en la región, evidenciando un compromiso continuo con la protección de la vida.