Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El Gobierno colombiano busca revivir la reforma laboral mediante una apelación en el Senado, pero enfrenta limitaciones de tiempo y resistencias políticas.

El 13 de mayo de 2025, en el Congreso de la República de Colombia, se vivió un intenso debate sobre la posibilidad de revivir la reforma laboral, previamente hundida por la Comisión Séptima del Senado. El Ministro del Interior, Armando Benedetti, admitió la dificultad de tramitar la reforma antes del cierre del periodo legislativo el 20 de junio, proponiendo una consulta popular como alternativa.

Entre los principales opositores de la apelación se encuentran Efraín Cepeda, presidente del Senado y senador del Partido Conservador, y Juan Pablo Gallo, senador del Partido Liberal. Ambos argumentan que la apelación carece de fundamentos jurídicos sólidos. Por otro lado, el Partido de La U ha expresado su apoyo a la iniciativa, destacando la importancia de darle una segunda oportunidad al debate.

La reforma laboral, que busca modernizar y ajustar las leyes laborales a las nuevas realidades del mercado de trabajo colombiano, ha generado divisiones significativas dentro del Congreso. La propuesta de llevar la reforma a consulta popular surge como una estrategia para superar el estancamiento legislativo, permitiendo que sea la ciudadanía quien tenga la última palabra en este asunto crucial.

La situación actual plantea un escenario complejo para el Gobierno de Gustavo Petro, quien ha criticado duramente a los senadores que bloquearon la reforma. La propuesta de consulta popular no solo enfrenta desafíos legales, sino también un ajustado calendario legislativo, lo que pone en duda su viabilidad en el corto plazo. Este proceso refleja las tensiones y los desafíos que enfrenta la administración actual para implementar cambios significativos en la política laboral del país.