Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El reciente acuerdo laboral entre el Gobierno y sindicatos eleva el salario de congresistas a más de $52 millones, generando críticas.

Un pacto entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales ha resultado en un aumento salarial del 7% para los servidores públicos, efectivo desde el pasado 30 de abril. Este ajuste, que incrementa los salarios de los empleados del Estado, incluye automáticamente a los miembros del Congreso, quienes ahora recibirán un salario mensual superior a los $52 millones, un aumento de $3.360.000.

La noticia ha provocado una ola de reacciones en redes sociales y entre figuras públicas. El exsenador Gustavo Bolívar y la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, expresaron su descontento, destacando la disparidad entre este aumento y la situación de los trabajadores menos remunerados.

El aumento no fue un punto negociado específicamente para los congresistas, sino una consecuencia de la estructura salarial del Estado. Cualquier mejora salarial acordada para el conjunto de trabajadores estatales se refleja también en los ingresos de los altos cargos, incluidos los congresistas, debido a la normativa vigente.

Este sistema salarial ha sido objeto de críticas recurrentes y propuestas de reforma. Proyectos de ley que buscan limitar el salario de los congresistas a 20 salarios mínimos han sido presentados, pero no avanzan en el Congreso. La situación subraya una desconexión entre las medidas legislativas para contener el gasto público y los beneficios automáticos que reciben los legisladores.

El incremento salarial para los congresistas, aunque legal, subraya la necesidad de revisar cómo se estructuran los aumentos salariales en el sector público. En un país con un salario mínimo de $1.300.000, la brecha salarial sigue ampliándose, lo que reaviva el debate sobre la equidad y la justicia en la remuneración de los servidores públicos.