Por: karol Yulieth Lopéz león

El Ministerio de Justicia evalúa la posible implicación de inteligencia estatal en el asalto a la vivienda de Angie Rodríguez y la interceptación del celular del ministro Armando Benedetti. Se indaga un tercer episodio y si buscan desprestigiar a funcionarios con fines políticos y electorales.

La tranquilidad de la esfera política regional se vio alterada por dos graves incidentes que ponen en tela de juicio la seguridad y la lealtad institucional. En un lapso de 24 horas, la saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, denunció un asalto a su residencia. Paralelamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló que su teléfono celular habría sido intervenido con el sofisticado software malicioso Pegasus.

Ante la gravedad de los hechos, Andrés Idárraga, desde el Ministerio de Justicia, aseguró que se está evaluando la posible participación de miembros de la inteligencia estatal. Las investigaciones no se limitan a estos dos casos, pues Idárraga reveló que se está verificando un tercer episodio similar. El gobierno busca determinar si existe una campaña orquestada para desprestigiar a funcionarios con claras intenciones políticas y electorales.

Los episodios sucedieron con inusitada celeridad, generando preocupación en los círculos de poder y la opinión pública. La denuncia de Rodríguez sobre el asalto a su hogar y la afirmación de Benedetti sobre la "chuzada" de su móvil con Pegasus son indicativos de una escalada. La potencial utilización de herramientas de vigilancia de alto nivel contra figuras del propio gobierno agrava aún más la situación.

Desde el gobierno del Presidente Petro se ha señalado que no se descarta que detrás de estos incidentes haya agentes de la inteligencia estatal. Esta posibilidad, de confirmarse, significaría una severa crisis de confianza y un grave atentado contra la institucionalidad. Se hace imperativo esclarecer rápidamente los hechos para salvaguardar la estabilidad política y la integridad de las instituciones democráticas en la región.