Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Bogotá: La Corte Constitucional admitió una demanda clave contra el Decreto Ley 902 de 2017. Esta busca proteger el juez natural y asegurar el avance de la Reforma Rural Integral, impactando a miles de campesinos.

La Corte Constitucional de Colombia admitió en octubre de 2025 una demanda de vital trascendencia para el futuro de la justicia en el campo. La acción judicial, registrada en Bogotá, busca condicionar la constitucionalidad del Decreto Ley 902 de 2017, el cual establece el Procedimiento Único para los procesos agrarios especiales. Esta decisión marca un hito en la implementación de la Reforma Rural Integral, contemplada en el Acuerdo de Paz. Los demandantes alegan que la actual fase judicial ante jueces civiles vulnera el principio del juez natural y ralentiza el acceso a la tierra.

El director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, fue el promotor de esta importante acción legal. Su iniciativa resalta la preocupación institucional por la efectividad de los mecanismos de restitución y formalización de tierras. Ahora, recae sobre la Corte Constitucional de Colombia la responsabilidad de estudiar a fondo los argumentos y pronunciarse sobre la demanda. Los principales interesados en esta resolución son los campesinos y las comunidades rurales, pilares fundamentales del desarrollo territorial.

La demanda se interpuso argumentando que el procedimiento actual, al asignar los procesos agrarios especiales a jueces civiles, desnaturaliza la especialidad que requieren los conflictos de tierras. Esta situación contrasta directamente con el espíritu del Acuerdo Final de Paz, que proyectaba una jurisdicción agraria propia para garantizar celeridad y experticia. La falta de un juez especializado ha derivado en un estancamiento en la resolución de disputas. Este cuello de botella frena la esperada implementación de la Reforma Rural Integral y el acceso justo a la tierra.

La admisión de esta demanda por la ANT subraya la necesidad apremiante de materializar una Jurisdicción Agraria. Solo una instancia judicial especializada puede ofrecer la justicia efectiva que el campo colombiano demanda y merece. La decisión de la Corte Constitucional será crucial para el avance de la Reforma Rural Integral y el cumplimiento cabal del Acuerdo de Paz. Definirá, en última instancia, quién debe resolver los delicados conflictos agrarios mientras se logra la creación definitiva de dicha jurisdicción, impactando la vida de millones de familias.