martes, 21 octubre 2025
Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de fraude procesal y soborno, revocando su condena de 12 años por falta de pruebas.
El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá anunció la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta decisión judicial revoca la condena de 12 años de prisión domiciliaria que un juzgado penal de la capital le había impuesto en primera instancia. El fallo, comunicado desde las instalaciones del Tribunal, marca un hito en el prolongado proceso contra el exmandatario.
Álvaro Uribe Vélez, principal implicado, ha sido absuelto tras años de proceso. La decisión contó con el magistrado ponente Manuel Antonio Merchán y las magistradas Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, quien se apartó del fallo. La jueza Sandra Heredia había dictado la condena inicial. La Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, ejerció la acusación, mientras que la Procuraduría General apeló la sentencia a favor del exmandatario, y el abogado Diego Cadena fue parte del contexto de las investigaciones.
La resolución del Tribunal Superior llegó tras la apelación presentada por la defensa de Uribe y la Procuraduría. Los magistrados procedieron a una exhaustiva revisión de las pruebas y su valoración. Concluyeron que la Fiscalía no logró demostrar la culpabilidad del expresidente. Además, identificaron errores significativos en la ponderación de las evidencias por parte de la jueza de primera instancia.
Este veredicto del Tribunal Superior de Bogotá configura un punto de inflexión fundamental en el expediente judicial de Álvaro Uribe Vélez. Al determinar la ausencia de pruebas suficientes para establecer su responsabilidad, se reafirma un principio cardinal del derecho penal. La decisión subraya la imperiosa necesidad de una valoración rigurosa y objetiva del material probatorio en los procesos judiciales. Esto salvaguarda la justicia y el debido proceso.
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