Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. La Procuraduría apeló la decisión, dejando el futuro jurídico del exmandatario en manos del Tribunal Superior de Bogotá. La opinión pública permanece dividida.

El Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá dictó el fallo condenatorio el 28 de julio, siendo leída la sentencia oficialmente el 1° de agosto de 2025. Esta decisión judicial impactó profundamente el panorama político colombiano. El fallo de primera instancia generó inmediata controversia y reacciones a lo largo y ancho del país.

La jueza Sandra Heredia encontró culpable a Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, absolviéndolo del cargo de soborno simple. La Procuraduría General de la Nación, a través de un extenso documento, presentó su apelación argumentando deficiencias en la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio. No se emitieron declaraciones públicas por parte del expresidente tras la lectura de la sentencia.


El proceso judicial contra Uribe Vélez se extendió por varios años, marcado por una intensa polarización política. El fallo de primera instancia, con su condena a prisión domiciliaria, multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos, se convirtió en un punto álgido en el debate nacional. La apelación interpuesta mantiene abierta la posibilidad de un cambio en la sentencia.


La decisión del Tribunal Superior de Bogotá será crucial para determinar el futuro jurídico del expresidente. El proceso, que mantiene dividida a la opinión pública, refleja las profundas divisiones políticas que atraviesan a Colombia. Las consecuencias de esta sentencia, sea cual sea la decisión final, tendrán un impacto considerable en el escenario político nacional durante los próximos años.