Fiscalía y Corte exigen liberación de secuestrados tras “juicio” del ELN
La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia exigieron la liberación inmediata y sin condiciones de cuatro integrantes de la fuerza pública y del CTI que permanecen secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional desde mayo del año pasado en Arauca.
El pronunciamiento se conoció luego de que el Frente de Guerra Oriental de esa guerrilla anunciara la imposición de un “juicio revolucionario” contra los uniformados, a quienes acusa de espionaje. Según el grupo armado, se trata de una “sentencia condenatoria” que prolonga su cautiverio bajo lo que denominan “prisión revolucionaria”, por un periodo adicional de entre 55 y 60 meses.
Los secuestrados fueron identificados como Rodrigo López y Jesús Antonio Pacheco, agentes del CTI, así como Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, integrantes de la Dijín de la Policía. En un video divulgado por la organización ilegal, se afirma que no serán sometidos a “pena capital”, pero sí permanecerán privados de la libertad.
Familiares de las víctimas denunciaron en medios de comunicación que los uniformados no se encuentran en buen estado físico ni emocional, y aseguraron que han sentido falta de acompañamiento institucional frente a su situación.
El anuncio del ELN generó un amplio rechazo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que ese grupo “no es ninguna autoridad judicial” y advirtió que el secuestro constituye un delito que puede acarrear penas de hasta 40 años de prisión. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional y a organismos humanitarios para exigir la liberación de los retenidos.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como “inadmisible” la decisión de la guerrilla, señalando que este tipo de acciones violan el derecho internacional humanitario y no legitiman la privación de la libertad.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la situación de orden público en Arauca y las acciones del ELN, en medio de llamados de distintos sectores para garantizar la vida y la integridad de los secuestrados.
